Daniel Navarro
UNA SERIE DE TRISTES HECHOS DE RELEVANCIA AMBIENTAL se derivan del tema motriz de la revolución mexicana, a principios de siglo pasado, “la tierra es de quien la trabaja”, un concepto frecuentemente asociado al pensamiento zapatista. El “trabajar” a que se refiere la frase anterior requiere casi por definición la profunda modificación ambiental del sistema ambiental original, para demostrar posesión, y por ende, generar derecho. Debido a que en numerosos casos, esta desforestación no se tradujo en trabajo agrícola o pecuario productivo, de hecho este “trabajar” se tradujo únicamente en deforestación, quema de la vegetación, derrumbe de árboles, y otras actividades que impactaron el ecosistema. Segunda tesis: Con frecuencia, una traducción ambiental del lema “la tierra es de quien la trabaja” es de hecho la siguiente: “la tierra es de quien la deteriora.”
Poca monta tuvo por años en el concepto agrarista el tema de la conservación ecológica forestal. Sin embargo, la evolución en el pensamiento durante la última parte del siglo XX devino en un concepto fundamental, dirigido a evitar la fragmentación de bosques: la ley agraria contempló la protección ecológica a través de la prohibición de la fragmentación de bosques y selvas.
La segunda tesis de ecología agraria tiene consecuencias funestas para la conservación ecológica. En el caso de tierras ejidales, aquellas tierras “trabajadas” para propósitos agrícolas o pecuarios, pueden pasar a la titulación, pero las tierras de tipo forestal, con bosques o selvas, no pueden hacerlo. La idea de que los bosques deben ser propiedad pública, sin poderse aparcelar en forma privada, cuando proceden de un ejido, conlleva un enorme riesgo. Este riesgo es el de apresurar su desforestación, incendios forestales, o su modificación por causas que combinen grandes acciones naturales con intereses particulares. La pérdida de gigantescas porciones de bosque en la zona norte de Quintana Roo corresponden a este último caso. La pérdida forestal de terrenos ejidales en Quintana Roo con frecuencia se asocia a quemas derivadas de la actividad agropecuaria y de incendios provocados. Una vez modificado el bosque, entonces es posible desarrollar nuevas actividades productivas, o de realizar la venta de terrenos para expansión urbana.
El riesgo es de gran envergadura e involucra a la nación entera, particularmente en cuanto al futuro de los bosques tropicales. Las elevadas tasas de desforestación son un fenómeno con el que se vive día a día, y las medidas tomadas por el gobierno aparentemente son insuficientes. No puede darse un futuro para México si el bosque se encuentra amenazado. La experiencia de desforestación severa de otros países es aleccionadora. Las capas populares serán las más afectadas.
Por ello, podríamos proponer la siguiente reflexión para resolver el dilema de la segunda tesis: Aquellas áreas forestales de los ejidos, que no se encuentren siendo utilizadas, deberían formar parte de los bienes nacionales ambientales a través de su integración a bosques nacionales, estatales, municipales, o de áreas naturales protegidas.
Desgraciadamente, ni la ley agraria ni la ley ambiental presentan una propuesta armónica, acorde y sensible para lograr la confluencia de intereses cuando se trata de tierras de uso común, ejidales, y de bosques de alta relevancia para la Nación. Los bosques que se encuentran en los ejidos tienen dueño: los ejidatarios. Los bosques que se encuentran en las áreas naturales protegidas con terrenos expropiados tienen dueño: la Nación. La inclusión del candado en la ley agraria de que los terrenos ejidales conteniendo bosques y selvas, no pueden ser titulados en forma individual, y que deben ser parte de áreas de uso común ejidal, reviste una de las limitaciones más contundentes a la conservación ecológica. La disyuntiva será entonces la de asignar estas áreas de uso común para propósitos de conservación ecológica, transfiriendo a través de la donación, a la patria misma, de aquellos terrenos que presentan vocación forestal, para asegurar su permanencia. Esta propuesta para los ejidos en Quintana Roo sería aplicable, por supuesto, a aquellas porciones que no se encuentren siendo “trabajadas”, es decir, que sean áreas forestales sujetas a tenencia de la tierra de uso común, en donde no se encuentren planes de manejo forestal o de otras formas de aprovechamiento productivo.
Existe una parte importante de la propuesta, para traducirse en acciones concretas para contar con bosques municipales. Esta propuesta se deriva de la certeza de que los Municipios deberían de contar con áreas forestales de alta relevancia para mantener su salud ecológica. Por ello, anticipo la necesidad de revisar una vez más el marco legal forestal, y de que las acciones de cada uno de los municipios y del Gobierno del Estado, contribuyan en forma equilibrada, a contar con los mecanismos de preservación ecológica a largo plazo. Asimismo, los ejidos podrían contar con predios individuales, con porciones que podrían utilizar en forma privada, para ser dedicados a actividades productivas, incluyendo la compraventa.
Si logramos confluir los intereses de los diferentes sectores de la sociedad, teniendo en mente la conservación ecológica a largo plazo, estaremos en mejores condiciones para alcanzar la sustentabilidad, donde el tema de la solución al problema de la pobreza ocupa un lugar preponderante.
Notas
Ensayo publicado el 12 de diciembre de 2001 en el periódico Por Esto! de Quintana Roo.
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